En este artículo queremos hacer públicas las conclusiones políticas que hemos sacado después de hacer una investigación de índole jurídica sobre la declaración de la situación de alarma. La investigación la hemos realizado con la colaboración de Markel Samaniego.

La poca responsabilidad que han demostrado todos los partidos políticos por esta barbarie política es grave, por lo que debemos señalar la responsabilidad que han ejercido estos en la excepcionalidad que se ha impuesto con violencia y prisa sobre la clase trabajadora. El efecto real de esta aprobación conjunta de los partidos es que la situación fáctica denominada nueva normalidad ha supuesto la supresión del principio de legalidad del Estado de Derecho y de la división formal de poderes que le es específica, sin garantía jurídica alguna. Todas las decisiones tomadas desde el 14 de marzo son, por tanto, jurídicamente nulas: prohibiciones, multas, decisiones políticas, sanitarias, judiciales… Un único poder centralizado de la oligarquía manda en el Estado Español. Por si esto fuera poco, dentro de los distintos niveles de la administración se ha extendido sin límites la competencia normativa, sin ninguna reforma constitucional: dejando en manos del gobierno los procedimientos de elaboración, control y sanción, ya que no hay ninguna instancia judicial que pueda controlar este abuso. Dentro de la suspensión generalizada del poder judicial, en los casos en los que se ha llevado al juzgado la denuncia de las violaciones de los derechos fundamentales derivadas del irregular estado de excepción, se han aplicado diferentes criterios. Entre todos ellos cabe destacar que el argumento utilizado por el Tribunal Constitucional el 30 de abril para negar el derecho de manifestación ha puesto al descubierto la función legislativa y política de este juzgado (una vez más). El pacto de Estado escenificado valiéndose de la emergencia de la COVID-19 ha supuesto un cambio en la configuración de las instancias formales de poder: vivimos la dictadura directa de la burguesía.

El pacto de Estado escenificado valiéndose de la emergencia de la COVID-19 ha supuesto un cambio en la configuración de las instancias formales de poder: vivimos la dictadura directa de la burguesía

Lo que aquí presentamos es la síntesis de un profundo estudio que viene a demostrar estos hechos. Se ha procurado que la carga jurídico-técnica no sea demasiado pesada, pero se ha de saber que todas las afirmaciones que se realizan tienen base jurídica. Se realizará una explicación de los contenidos por orden cronológico, haciendo referencia tanto a la normativa internacional como nacional que ha sido violada en el estado de alarma, y justificando los derechos fundamentales que, a nuestro juicio, han violado estas actuaciones irregulares y las modificaciones que han generado en las instancias de poder. Por último, proclamaremos una clara conclusión política: que la necesidad de una organización obrera independiente que luchará y superará al poder burgués es más clara que nunca.

1. Gestión de la crisis sanitaria: débil aplicación de las recomendaciones de la OMS y ECDC y de los protocolos del RSI en el Estado Español como antecedente del estado de excepción

La Organización Mundial de la Salud es una organización creada cuando la URSS y el programa comunista reunían las condiciones para dividir el mundo en dos polos y contraponer la normatividad proletaria a la del capital. Nacida en el marco de los acuerdos interclasistas programáticos del siglo pasado (la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la creación de la ONU), su existencia se define por el principio universal de la salud y de la prevención de riesgos de la vida, un principio propio del programa socialista. El valor programático de su constitución tiene reflejo directo en las constituciones de los Estados que han aplicado el paradigma del Estado del bienestar (por ejemplo, el artículo 43 de la constitución española), aunque los Estados no tienen ninguna sanción por no seguir sus recomendaciones (es el tipo de regulación llamado soft law). En la actualidad, y sin olvidar que durante su historia ha sido un agente internacional del Capital, no se le puede negar que en su actuación cobran especial importancia los criterios científicos y preventivos.

Así, en el marco de la OMS, en el año 2005, se adoptó el RSI o Reglamento Internacional de Salud, entre otros muchos. Este Reglamento supera el valor programático del documento constitucional de la OMS al asociar los estados en mayor grado (fijando un tipo de regulación hard law). El RSI sería, por tanto, la normativa que rige la acción de los Estados Partes, entendiendo la salud como el grado máximo de bienestar y desarrollo de las personas, con el fin de garantizarla. Entre sus principios destaca la obligación que establece a los estados de adoptar medidas que hagan prevalecer los derechos fundamentales en situaciones de crisis sanitaria. El resultado lógico de trabajar la salud de forma preventiva es, por tanto, anteponer el rendimiento económico a todos los derechos fundamentales recogidos en los acuerdos PIDCP y PIDESC (y el CEDH en la Unión Europea) firmados en el punto culminante de la lucha de clases de la historia moderna. Así, se constituyeron comisiones siguiendo el RSI que se basarán en criterios técnico-científicos y que garantizarán la colaboración y continuidad entre los Estados firmantes y la OMS. También se definieron protocolos de actuación para las crisis sanitarias como hemos dicho, formalmente, los Estados no tienen que seguir las recomendaciones de la OMS en la aplicación del RSI, pero materialmente las consecuencias de no hacerlo son obvias. De hecho, a propósito de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el coste de no seguir las recomendaciones, tanto en el ámbito de la salud y la vida (cifras de muertos y enfermos); pero especialmente en el terreno de las libertades políticas que son inviolables según la normativa jurídica internacional.

Por si fuera poco, en el caso de los Estados miembros de la Unión Europea, el órgano denominado ECDC es el encargado de desempeñar funciones similares a las de la OMS. Este órgano también ha formulado recomendaciones para el correcto tratamiento del coronavirus. Pues bien, a pesar de que las recomendaciones de la OMS no tienen aplicabilidad directa, el Consejo Europeo instó a los Estados a seguir las recomendaciones de la OMS en el marco del RSI y las dictadas por la ECDC en su resolución publicada el 20 de febrero en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Esto cambia el panorama jurídico y, por tanto, a pesar de que las recomendaciones de la OMS no tienen fuerza jurídica dentro del RSI, esta resolución de la Unión Europea adquiere mayor fuerza jurídica y determina obligaciones a los Estados miembros. Esto imposibilita que el Estado Español se cubra de sus responsabilidades aludiendo a la falta de coercibilidad de las recomendaciones de la OMS.

Estas determinaciones sobre la vinculación jurídica de los estados a las normas internacionales son imprescindibles para entender a quién corresponde la responsabilidad política. De hecho, el Derecho o el Ordenamiento Jurídico se define como un conjunto de normas para evitar la actuación arbitraria del poder político. El principio de legalidad, la seguridad jurídica y la obligación de los órganos de gobierno de subsumir al reparto formal de poderes (art. 9 de la CE) determinan la función del Estado de derecho como freno del poder político.

Estas determinaciones sobre la vinculación jurídica de los estados a las normas internacionales son imprescindibles para entender a quién corresponde la responsabilidad política. De hecho, el Derecho o el Ordenamiento Jurídico se define como un conjunto de normas para evitar la actuación arbitraria del poder político

Con esta introducción podemos empezar a comprender adecuadamente la actuación de las autoridades políticas formales (gobierno, congreso y poder judicial) y de las autoridades reales (pequeña, mediana y oligarquía empresarial y financiera representadas en los partidos) del Estado Español. Por lo demás, no se puede entender el fundamento real y la responsabilidad política que deriva de esta situación de excepción, disfrazada de estado de alarma. Aunque se empeñen en ello, la conclusión es clara: la culpa no es nuestra.

El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de ESPII o Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional en relación a la COVID-19. Las recomendaciones para hacer frente a la situación las dio la OMS siguiendo los contenidos del RSI (El artículo 18) que recogía el respetar la distancia física entre las personas, la profundización en los test para el diagnóstico de la enfermedad y el aislamiento de los pacientes y el seguimiento de los contactos entre otros. En la nota que al día siguiente hicieron pública las comisiones sanitarias del Estado Español aparecían estos criterios.

No se puede decir que no se hizo nada por parte de las autoridades del Estado Español para aplicar el RSI. Pero si analizamos las ruedas de prensa que han dado las autoridades públicas sanitarias del Gobierno, encabezadas por Salvador Illa y Diego Simón, hasta el 13 de marzo, queda patente el incumplimiento del derecho a la información veraz de los ciudadanos, en tanto que no ha existido una opinión pública bien informada sobre la gravedad de la situación y del procedimiento de actuación para abordarla. Este ha sido el primer derecho fundamental gravemente violado por parte del Gobierno.

En este sentido, quitando hierro al asunto y escondiendo la información, en vez de destacar la gravedad de la situación y aplicar con la antelación suficiente lo recogido en las recomendaciones de la OMS y del ECDC (y de la comunidad científica internacional) o al menos, siguiendo el artículo 43 de RSI, medidas equivalentes a dichas recomendaciones, se establecieron las condiciones objetivas para que los derechos de la salud (articulo 43) y derechos de vida (articulo 15) que recoge la Constitución fueran gravemente violados. Y, por supuesto, como veremos, las condiciones para que se violasen masivamente, entre otros, los derechos de presunción de inocencia, reunión, asociación o manifestación.

Meternos en las bases de esta dejadez sería un trabajo especulativo y no vamos a perder tiempo en el mismo: la responsabilidad de las autoridades políticas que han permitido esta acción irresponsable cae directamente sobre el PSOE y Unidas Podemos. Son, por tanto, responsables directos de la gravedad de las consecuencias derivadas de esta inaplicación del Derecho Internacional. En este sentido, no hay que olvidar aquí la del PNV y la de su Gobierno Vasco: que pregunten si no al personal sanitario de Vitoria-Gasteiz o de Bilbao, con qué nivel de seguridad realizaron su trabajo desde finales de febrero hasta mediados de abril: los protocolos sanitarios cambiaban cada hora, los enfermos que morían en los pasillos de los hospitales, los trabajadores que estando infectados han sido obligados a seguir trabajando hasta ser condenados a muerte, el número infinito de horas extraordinarias…han dejado al personal sanitario y por supuesto al enfermo en situaciones que no permitiría la aplicación del principio de prevención. Estos también tienen las manos mojadas con sangre de los muertos.

No obstante, hay que recordar que la negligencia de las autoridades políticas formales en el plano de los derechos a la salud y a la vida no es una cuestión nueva en el Estado Español. Las políticas de recorte derivadas de la crisis de 2008 ya mostraban que los estratos más bajos de la clase trabajadora, el proletariado, no tenía ninguna posibilidad de ejercer materialmente el derecho a la salud (o bienestar material) que definen la OMS, los órganos de la Unión Europea, los tratados internacionales y la misma Constitución Española. No está de más decir lo mismo sobre las condiciones laborales del personal sanitario. Lo que ya ha estaba saturado, ha reventado con la crisis del coronavirus.

2. Declaración de la situación de alarma: situación de excepción y suspensión del Estado de Derecho

Volviendo a la cronología, el 11 de marzo la OMS categorizó como pandemia a la COVID-19. En la Unión Europea, la situación de Italia y España era muy grave para ese momento, incluso ya la de Vitoria. En esta situación, la respuesta del gobierno español llegaría después de un mes y medio de dejadez: el Real Decreto 463/2020, de 13 de marzo, por el que se ha producido la suspensión material del Estado de Derecho y a habilitado la dictadura técnica de la burguesía: una decisión tomada de forma urgente, burda y autoritaria como consecuencia de la negligencia política derivada de la falta de previsión y aplicación de los mandatos internacionales. Una decisión tomada al amparo de una causa «natural» y de una situación de «inevitabilidad» (totalmente evitable) que ha traído consigo una reforma constitucional sin parangón.

La respuesta del gobierno español llegaría después de un mes y medio de dejadez: el Real Decreto 463/2020, de 13 de marzo, por el que se ha producido la suspensión material del Estado de Derecho y a habilitado la dictadura técnica de la burguesía

Desde un punto de vista jurídico, las razones por las que calificamos la situación fáctica que vivimos como dictadura o autoritarismo fascista se encuentran en los artículos 9, 53.1, 55.1, 116.2 y 116.6, 106, 117 y 11 y 20 y 28 de la Constitución. Aunque Partidos autonomistas como EH Bildu reivindiquen de manera tramposa otra cosa en su insaciable ansia de conseguir votos, lo que supone el estado de alarma no es una centralización de las competencias cubiertas o la Aplicación irregular del artículo 155.Y es que de hecho, la Ley Orgánica 4/81, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, atribuye la una única autoridad la competencia de gestionar las situaciones de alarma. Por tanto, ahí no ha habido ningún abuso o desproporción jurídica, y desde un punto de vista jurídico no tiene ningún fundamento hablar del 155.

Para demostrar que el estado de alarma ha violado la Constitución y la legislación nacional e internacional, nos tenemos que remitir al art. 7 del Decreto 463/2020 y a su disposición adicional segunda: a la prohibición generalizada del derecho de circulación (confinamiento) y la suspensión generalizada del ejercicio del poder judicial y del Tribunal Constitucional. Por supuesto, se han establecido excepciones, pero las garantías que se basan en la excepción sólo están justificadas en un Estado de Excepción.

Para demostrar que el estado de alarma ha violado la Constitución y la legislación nacional e internacional, nos tenemos que remitir al art. 7 del Decreto 463/2020 y a su disposición adicional segunda: a la prohibición generalizada del derecho de circulación (confinamiento) y la suspensión generalizada del ejercicio del poder judicial y del Tribunal Constitucional

El artículo 7 del Decreto 463/2020 recoge las limitaciones al derecho de circulación o movilidad. En un estado de alarma, de acuerdo con el artículo 11.1 de la LO 4/81, el tráfico de personas y mercancías se puede restringir en lugares y horas concretas. Sin embargo, atendiendo al contenido del artículo 7 en estado de alarma, cualquier persona se dará cuenta de que los casos autorizados son tan restrictivas que se ha establecido una prohibición generalizada de circulación real. Este artículo ha convertido la excepción en norma, reduciendo en la práctica el tráfico (es decir, la libertad de movimiento) al mínimo indispensable para la reproducción de la fuerza de trabajo y del capital: se nos ha autorizado el movimiento a para la producción de plusvalía y del salario y su consumo. El tráfico de mercancías ha sido puesto por encima de la libertad de las personas, dejando claras las leyes de funcionamiento de la economía capitalista y las prioridades de los mandatarios políticos.

Jurídicamente, la prohibición de circulación de personas es la capacidad correspondiente a un estado de excepción, tal y como se observa en el artículo 20.1 de la LO 4/81. La aplicación de esta prohibición requiere, por tanto, acudir al procedimiento establecido en el artículo 55.1 de la Constitución, el procedimiento de suspensión de los derechos fundamentales. En definitiva, y con el fin de no liarnos con el procedimiento, el Gobierno debe solicitar autorización al Congreso, facilitando una relación detallada de los derechos que va a poner en suspensión, cuya ejecución está condicionada a la aprobación del Congreso. Obviamente esto no se ha hecho. Todo ha consistido en la aplicación de un procedimiento de alarma que sólo exige una validación del congreso a posteriori que se resuelve en la votación de la prórroga del estado de alarma. Así pues, esta medida de excepción (prohibición de la circulación), se ha establecido de manera irregular.

Si esta infracción del procedimiento constitucional es grave, más grave es la situación fáctica que se ha producido a través del mismo. De hecho, tras el Decreto 463/2020, el Gobierno aprobó el Real Decreto 465/2020, estableciendo un límite aún más estricto a aquellas actividades de tráfico autorizadas: dentro de las posibilidades limitadas de circulación, establecía la obligatoriedad de la circulación individual. La prohibición de moverse fue puesta de forma irregular y llevada hasta el límite como base material para la suspensión de todos los derechos fundamentales de base asociativa: nos han hecho imposible reunirnos, estar en la calle o manifestarnos. La supresión de las libertades políticas no ha necesitado ningún procedimiento añadido. Dos decretos han sido suficientes para ello.

Por tanto, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, el decreto de alarma anuló los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y responsabilidad política establecidos en los artículos 116.6 y 9.3 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/81. Con la excusa de cuidar la salud, mientras cuando era necesario no se tomado medidas suficientes ni se respetaron las obligaciones jurídicas para garantizarla. Todo ello, claro está, porque la declaración de excepcionalidad dejaba a las autoridades del PSOE y Unidas Podemos como responsables directos de la pésima gestión realizada entre enero y marzo. Es decir, porque quedaban como unos irresponsables si las medidas dictatoriales se promulgaran explícitamente para responder a una emergencia sanitaria. Así, en nombre de la ciencia se han querido justificar ante amplios sectores de la clase trabajadora, justificando la aplicación de medidas estrictas de control social. Esto no sería posible si se hubiera cumplido con la información y la verdad (principio de transparencia de la actuación de los poderes públicos).

No hay que olvidar que la débil aplicación de las recomendaciones de la OMS, del ECDC y de la comunidad científica internacional en ese momento (de enero hasta marzo) ha supuesto la vulneración a escala social del derecho fundamental a la presunción de inocencia (y junto con el, el del derecho a la defensa). Los test que permitían el seguimiento de enfermos y contactos se han puesto a favor de la élite económica (¡profesionales políticos y deportistas!), negándosele sistemáticamente a la mayoría de la población la posibilidad de saber si está enfermo o no. De esta manera, ante la imposibilidad de conocer nuestra condición hemos sido víctimas de una encarcelación sin pruebas del cargo. Si Cesare Beccaria, padrino del derecho penal burgués supiera que esto pasaría no habría escrito jamás «dei deliti e delle penne». El hecho de haber violado de esta manera el derecho a la defensa tiene una enorme implicación política, ya que en un único golpe desaparece el principio básico de tipificación en el derecho penal: nos han imputado una infracción que no se recoge en ninguna ley, De manera totalmente arbitraria y dando tanto a los enfermos y a los sanos el mismo tratamiento. Se han eliminado los principios de la concreción y de personalidad de la pena, y el derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva.

Para garantizar el reconocimiento social de esta atrocidad, se ha puesto en marcha una brutal persecución policial e informativa, mientras que los juzgados e instancias administrativas que son capaces de controlar esta grave falta de objetividad en la actuación de la administración pública se han puesto en suspenso. El estado de excepción y la inaplicación del Estado de Derecho también es evidente aquí.

3. Supresión del control de las normas gubernamentales

La división formal de poderes del Estado de Derecho la recoge la Constitución. En concreto, las competencias normativas gubernamentales se recogen en el artículo 97, donde se dicta lo que ahora nos importa: la Constitución da al gobierno la competencia para llevar a cabo la regulación vía reglamento. Esto significa que la acción de gobierno aparece subordinada al principio de legalidad, ya que el poder legislativo corresponde al Parlamento.

Por lo tanto, no puede imponer leyes o normas constitucionales. Siguiendo el reparto de poderes establecido en la constitución, tiene un doble filtro: el del congreso y el del poder judicial. Es la propia Constitución la que impone el freno al Gobierno. A pesar de que el Constitucional defendió en 2016 que las decisiones adoptadas por el Gobierno en caso de alarma tienen validez legal. Ya es conocido el carácter normativo o político de este órgano. Interpretaciones como esta demuestran que este órgano supera su carácter de intérprete de la constitución. Cuando Carl Schmitt analizó la constitución de la República de Weimar en 1919, resolvió perfectamente esta cuestión.

Es la propia Constitución la que impone el freno al Gobierno. A pesar de que el Constitucional defendió en 2016 que las decisiones adoptadas por el Gobierno en caso de alarma tienen validez legal

Volviendo a la situación fáctica, el otro abuso jurídico flagrante del Real Decreto 463/2020 se da en la los filtros de control jurídico de las decisiones políticas de diversa índole que rigen la dinámica social, concretamente en la segunda disposición adicional. En el mismo, el Gobierno suspende casi en su totalidad todas las jurisdicciones, resaltando especialmente la suspensión de la jurisdicción contencioso-administrativa, responsable de la supervisión de sus decretos. Es decir, el Gobierno elimina la supervisión de los excesos impuestos por él mismo en el decreto declarativo del estado de alarma, y en base a ello, el control de las medidas adoptadas por la Autoridad Competente y los distintos Ministerios no puede hacerse a través del poder judicial.

El Gobierno elimina la supervisión de los excesos impuestos por él mismo en el decreto declarativo del estado de alarma, y en base a ello, el control de las medidas adoptadas por la Autoridad Competente y los distintos Ministerios no puede hacerse a través del poder judicial

Esta decisión pone patas arriba el artículo 9.3 de la Constitución, así como los artículos 106 y 117. Seguridad jurídica, legalidad, control judicial del poder ejecutivo, función de justicia formal… el decreto de alarma ha puesto fin a la división formal de poderes del Estado liberal de derecho. El equilibrio, la neutralidad y la proporcionalidad entre los órganos de la burguesía desaparecen evidenciando que la modalidad de poder real del capital es la dictadura.

Cabe mencionar que en materia administrativa (a la que exclusivamente nos ceñimos aquí), si bien se ha suspendido la posibilidad de ejercer el control reglamentario de los actos del Gobierno los juzgados y tribunales, se ha dejado abierto el procedimiento de defensa de los derechos fundamentales. Alguien puede pensar que con ello se puede hacer una defensa de los derechos fundamentales y que los individuos (incluso los comunistas) no hemos mostrado voluntad para defendernos cuando podíamos hacerlo. Pues bien, ha habido quien ha utilizado este camino para defender las libertades políticas (aunque no hayan sido los comunistas). Valorar su resultado nos arrojará luz en ese sentido: El Tribunal Supremo ha hecho pagar a un particular que reivindicaba un «cuasi arresto domiciliario» las costas de la vía procesal. No se ha resuelto el recurso del abogado Curro Nicolau, quién defendía que sin culpa alguna se le habían suprimido los derechos de circulación y reunión. Los particulares no han tenido ninguna opción de defensa ni por el procedimiento de derechos fundamentales ni por la vía administrativa. En la práctica, esto ha garantizado la impunidad de todo tipo de abusos, como se puede ver en los escandalosos números de sancionados por todos los cuerpos de policía del estado, puestos bajo el implacable mando de Grande-Marlaska.

En cuanto a las organizaciones, ante la supresión de los derechos de reunión y manifestación, antes de iniciar la fase de desescalada han sido innumerables los sindicatos que han solicitado ejercer estos dos derechos en la vía procesal de defensa de los derechos fundamentales ante el veto de las diversas administraciones. En este sentido, la interpretación y las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas (de Navarra, Aragón, Madrid y Galicia) han sido contradictorias. Algunas manifestaciones han sido autorizadas y otras rechazadas.

En este caso, el órgano que tiene la última palabra en la materia, el Tribunal Constitucional, ha resuelto que, en la ponderación entre el derecho de reunión y del derecho a la vida, debe prevalecer el derecho a vivir, en una crisis sanitaria, en lugar de resolver que la situación de alarma no sirve para la suspensión de los derechos fundamentales. A modo comparativo, hemos de decir que el Tribunal Constitucional alemán, a unos 2.000 kilómetros, ha autorizado las manifestaciones por ser un derecho fundamental que se ha de garantizar. Que, en Lisboa, el 1 de mayo se celebró una manifestación multitudinaria aplicando medidas de distancia social. El TC, por lo tanto, hace caso omiso aquí de la normativa vinculante, internacional y Europea (arriba citada y recogida en más textos como la declaración de Niza) y del mismo art. 9 de la CE, los cuales imponen, por un lado, que cualquier medida adoptada en un contexto de crisis sanitaria ha de estar modulada por los Derechos Fundamentales y nunca al revés, y por otro, que la supresión del contenido de los derechos fundamentales basándose en cuestiones de forma es una violación flagrante del Derecho y del estado de derecho. La tabula rasa que aplica el TC a los hechos, olvidando el relato histórico que precede a la declaración del estado de alarma, condiciona los fundamentos de derecho que han de utilizarse para resolver el caso, es decir, el contenido jurídico. Esto nos da otra evidencia más de la función real que cumple este órgano: ser el mecanismo de cierre de la justificación política que en cada momento interesa a las fuerzas de la burguesía.

La tabula rasa que aplica el TC a los hechos, olvidando el relato histórico que precede a la declaración del estado de alarma, condiciona los fundamentos de derecho que han de utilizarse para resolver el caso, es decir, el contenido jurídico

En este sentido ha sido mucho más certera la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que autorizó la realización de una caravana de coches, poniendo el fundamento de la ponderación en la idoneidad de los protocolos de seguridad. Más significativo fue el voto particular emitido por uno de los magistrados, en el que afirmaba que la situación de alarma se encuentra en una situación de excepción encubierta y que los derechos fundamentales modulan el resto de derechos (y no al revés). Por supuesto, esta resolución no se ha difundido tanto como la primera. Será porque tenemos garantizado el de

Alderdi politiko guztiek basakeria politiko honen aurrean izan duten ardura handia da, beraz, langile klasearen gainean bortxaz eta presaka ezarri den salbuespen egoeran alderdi hauek bete duten ardura seinalatu behar dugu. Alderdien onespen bateratu honen eragin erreala honakoa da: normaltasun berria deritzon egoera faktikoak, Zuzenbide Estatuaren legaltasun printzipioaren eta honi berariazkoa zaion botere banaketa formalaren ezabapena ekarri du, inongo berme juridikorik gabe. Martxoaren 14tik hartu diren erabaki guztiak juridikoki baliogabeak dira beraz: baliogabeak debekuak, isunak, erabaki politikoak, osasun arlokoak, epaitegietakoak… Oligarkiaren botere zentralizatu bakar batek agintzen du Espainiako Estatuan. Hau gutxi balitz, administrazioaren maila ezberdinen baitan inongo mugarik gabe hedatu da arauak egiteko eskumena, inongo erreforma konstituzionalik eman gabe: arauak egin, kontrolatu eta zigorrak ezartzeko prozedurak Gobernuaren esku utzita, ez baitago instantzia judizialik gehiegikeria hau kontrola dezakeenik. Botere judizialaren etenaldi orokortuaren baitan, salbuespen egoera irregularrak ekarri dituen oinarrizko eskubideen bortxaketen salaketa auzitara eraman den kasuetan, irizpide ezberdinak aplikatu dira. Guztien artean aipatu beharrekoa da Auzitegi Konstituzionalak apirilaren 30ean manifestazio eskubidea ukatzeko erabilitako argudioak epaitegi honen funtzio legegile eta politikoa agerian jarri duela (berriro ere).

COVID-19aren emergentzia baliatuz eszenifikatutako estatu itunak botere instantzia formalen konfigurazio aldaketa ekarri du: burgesiaren zuzeneko diktadura bizi dugu.

COVID-19aren emergentzia baliatuz eszenifikatutako estatu itunak botere instantzia formalen konfigurazio aldaketa ekarri du: burgesiaren zuzeneko diktadura bizi dugu.

Egitate hauek frogatzera datorren ikerketa sakon baten sintesia da hemen aurkezten duguna. Karga juridiko-teknikoa astunegia ez izaten saiatu gara, baina egiten diren afirmazio guztiek dute euren helduleku juridikoa. Ordena kronologikoan egingo da edukien azalpena, alarma egoeran bortxatu diren nazioarteko zein estatu barneko araudiei erreferentzia eginez, gure ustez ekinbide irregular horiek bortxatu dituzten oinarrizko eskubideak ere jasoz eta botere instantzien konfigurazio aldaketa justifikatuz. Azkenik, ondorio politiko nabarmen bat plazaratuko dugu: botere burgesa borrokatu eta gaindituko duen langile antolakuntza independentearen beharra inoiz baino argiagoa da.

1. Osasun krisiaren kudeaketa: MOE-ren, ECDC-ren eta nazioarteko komunitate zientifikoaren gomendioen eta RSI-aren protokoloen aplikazio ahula Espainiako Estatuan, salbuespen egoeraren aurrekari bezala

SESBak eta programa komunistak mundua bi polotan banatu eta kapitalaren logikari arautze proletarioa kontrajartzeko baldintzak zituenean sortutako erakundea da Munduko Osasun Erakundea. Aurreko mendeko akordio interklasista programatikoen (Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala eta NBEren sorrera) baitan sortua, programa sozialistari berariazkoa zaion osasunaren eta bizitzaren arriskuen prebentzioaren printzipio unibertsalak definitzen du bere izatea. Bere konstituzioaren balio programatikoak isla zuzena dauka ongizate estatuaren paradigma ezarri duten estatuen konstituzioetan (Espainiako Konstituzioko 43. artikuluan, esaterako), nahiz eta estatuek ez duten inolako zigorrik jasotzen bere gomendioak ez jarraitzeagatik (soft law deritzon arautze mota da). Egun ere, eta bere historian zehar Kapitalaren agente internazionala izan dela ahaztu gabe, ezin uka dakioke bere jardunean irizpide zientifiko eta prebentiboek garrantzia berezia hartzen dutela.

Bada, MOEren baitan, 2005ean, RSI edo Nazioarteko Osasun Erregelamendua adostu zen hainbat eta hainbat estaturen artean. Erregelamendu honek, MOEren konstituzio agiriak duen balio programatikoa gainditzen du, estatuak gradu handiagoan lotzen baititu (hard law deritzon arautze mota finkatuz). RSIa estatu parteen ekintza gidatzen duen araudia litzateke beraz, osasuna pertsonen ongizate eta garapen gradu maximoa bezala ulertuz, berau bermatzeko helburua duena. Bere oinarrietan, osasun krisialdietan oinarrizko eskubideak babesteko neurriak aintzatesteko estatuei ezartzen dien betebeharra nabarmentzen da. Osasuna modu prebentiboan lantzearen emaitza logikoa da beraz, historia modernoan klase-borrokaren puntu gorenean sinatu ziren PIDCP eta PIDESC (eta Europar Batasunean CEDH) akordioetan jasotako oinarrizko eskubide guztien bermeak etekin ekonomikoaren aurretik jartzea. Hala, irizpide tekniko-zientifikoetan oinarrituko ziren eta estatu sinatzaileen eta MOEren arteko elkarlana eta jarraikortasuna bermatuko zuten batzordeak osatu ziren RSIa jarraituz. Eta osasun krisialdietarako ekintza protokoloak ere definitu ziren. Esan dugun moduan, formalki, estatuek ez dute zertan MOEk RSIaren aplikazioan emandako gomendioak jarraitu; materialki, ordea, hori ez egitearen ondorioak begi bistakoak dira. Izan ere, COVID-19aren harira nabarmen geratu da gomendioak ez jarraitzearen kostua: osasun eta bizitzaren esparruan (gaixotze eta heriotza kopuruak) bai, baina bereziki, nazioarteko araudi juridikoaren arabera bortxaezinak diren askatasun politikoen eremuan.

Hori gutxi balitz, Europar Batasuneko estatuen kasuan, ECDC izeneko organoak hartzen du MOEren antzeko funtzioak betetzeko ardura. Organo honek ere hainbat gomendio eman ditu koronabirusaren trataera egokirako. Bada, eta nahiz eta MOEren gomendioek aplikagarritasun zuzenik ez duten, Europar Kontseiluak otsailaren 20an Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean (DOUE) argitaratutako ebazpenean, estatuei MOEk RSIaren baitan emandako gomendioak eta ECDCk emandakoak jarraitzeko deia egin zien. Honek panorama juridikoa aldatzen du eta beraz, MOEren gomendioek RSIaren baitan indar juridikorik izan ez arren, Europar Batasuneko ebazpen honek aitzakia hori erabiltzea galarazten dio Espainiako Estatuari bere ardura politikoa estaltzeko, betebehar juridiko zuzen gisa agertzen baitzaio agindu hau.

Estatuek nazioarteko arauekiko dituzten lotura juridikoen inguruko zehaztapen hauek ezinbestekoak dira ardura politikoa norena den ulertu ahal izateko. Izan ere, Zuzenbidea edo Ordenamendu Juridikoa botere politikoaren jardun arbitrarioa ekiditeko arau multzo gisa definitzen da. Legalitatearen printzipioak, segurtasun juridikoak eta aginte organoek botere banaketa formalera azpiratzeko duten betebeharrak (Espainiako Konstituzioko 9. artikulua) zehazten dute botere politikoaren galga gisa zuzenbide estatuak duen funtzioa.

Estatuek nazioarteko arauekiko dituzten lotura juridikoen inguruko zehaztapen hauek ezinbestekoak dira ardura politikoa norena den ulertu ahal izateko. Izan ere, Zuzenbidea edo Ordenamendu Juridikoa botere politikoaren jardun arbitrarioa ekiditeko arau multzo gisa definitzen da

Sarrera honekin has gaitezke Espainiako Estatuko agintari politiko formalen (Gobernua, Kongresua eta botere judiziala) eta benetako agintari politikoen jarduna (alderdietan ordezkaturik agertzen diren burgesia txiki, ertain eta oligarkia enpresarial eta finantzarioarena) zein izan den behar den bezala ulertzen. Gainontzean, alarma egoeraz mozorrotu den salbuespen egoera honen oinarri erreala eta bertatik eratortzen den ardura politikoa norena den ez dago ulertzerik. Horretan tematu badira ere, ondorioa garbia da: errua ez da gurea.

Urtarrilaren 30ean Munduko Osasun Erakundeak ESPII edo Garrantzia Internazionaleko Osasun Publikoaren Emergentzia egoera deklaratu zuen COVID-19ari dagokionean. Egoerari aurre egiteko MOEk eman zituen gomendioek, RSIko edukiei jarraiki (18. artikulua), pertsonen arteko distantzia fisikoa errespetatzea, gaixotasunaren diagnostikorako testetan sakontzea eta gaixoen isolamendua eta kontaktuen jarraipena jasotzen zituzten beste batzuen artean. Espainiako Estatuko osasun-batzordeek hurrengo egunean publiko egin zuten oharrean irizpide horiek agertzen ziren.

Ezin esan daiteke ezer egin ez zutenik Espainiako Estatuko agintariek RSIa aplikatzeko. Baina gobernuko osasun agintari publikoek martxoaren 13rarte emaniko prentsaurrekoak aztertuz gero, nabarmen geratzen da herritarren egiazko informazioa jasotzeko eskubidea ez zutela bete, egoeraren larritasunaren eta beronen aurka egin zitekeenaren inguruan ondo informaturiko iritzi publiko bat ez baita egon. Hau izan da beraz Gobernuaren partetik larriki bortxatu den lehen oinarrizko eskubidea.

Bide honetatik, egoeraren larritasuna azpimarratu eta MOEren eta ECDCren (zein nazioarteko komunitate zientifikoaren) gomendioak edota RSIko 43. artikuluak dion moduan, hauen baliokideak diren neurriak behar zen denborarekin aplikatzetik urrun, egoerari larritasuna kendu eta informazioa ezkutatuz, konstituzioak ezartzen dituen osasunerako (43. artikulua) eta bizitzarako (15. artikulua) eskubideak larriki bortxatuak izateko baldintzak jarri zituzten. Eta noski, ikusiko dugun moduan, besteren artean, inozentzia presuntziorako, biltzeko, elkartzeko edota manifestatzeko eskubideak modu masiboan bortxatzekoa.

Utzikeria honen oinarrietan sartzea lanketa espekulatiboa litzateke eta ez dugu denborarik galduko horretan: ekinbide hau baimendu duten agintari politikoen ardura zuzenean PSOE eta Unidas Podemosen gain dago. Zuzenbide internazionalaren aplikazio ezak sortu dituen ondorioen larritasunaren erantzule zuzenak dira, beraz. Ezin ahaztu zentzu berean EAJrena eta bere Jaurlaritzarena ere: galde diezaietela bestela Gasteizko edo Bilboko osasun arloko langileei, zenbaterainoko ziurtasunez egin zuten lana otsaila amaieratik apirila erdialdera arte: orduero aldatzen ziren osasun protokoloak, ospitaletako korridoreetan hiltzen ziren gaixoak, infektaturik egonda lanean jarraitzera derrigortu dituzten langileak, heriotzara kondenatuak izateraino, ezohiko ordu kopuru amaigabeak…prebentzioaren printzipioaren aplikazioak baimenduko ez lituzkeen egoeretan utzi dute osasun arloko langileria eta noski, gaixoak. Hildakoen odolaz zikindurik dituzte hauek ere eskuak.

Dena dela, gogorarazi behar da osasun eta bizitza eskubideen planoan agintari politiko formalek arduragabe jokatu izana ez dela kontu berria Espainiako Estatuan. 2008ko krisialdiaren ondoriozko murrizketa politikek jada erakusten zuten langile klasearen estratu baxuenek, proletalgoak, ez zuela inongo aukerarik MOEk, eta Europar Batasuneko organoek, nazioarteko tratatuek edota Espainiako Konstituzioak berak definitzen duten osasun eskubidea (ongizate material egoera) materialki gauzatzeko. Osasun langileriaren lan baldintzez ere berdina esatea ez dago soberan. Gainkargatua zegoen hura, lehertu besterik ez da egin koronabirusaren krisialdiarekin.

2. Alarma egoeraren deklarazioa: salbuespen egoera eta Zuzenbide Estatuaren ETETEA

Kronologiara itzuliz, martxoaren 11an MOEk pandemia gisa izendatu zuen COVID-19a. Europar Batasunean, Italia eta Espainiako egoera oso larria zen une hartarako, baita Gasteizkoa ere. Egoera honetan, hilabete eta erdiko utzikeriaren ostean, iritsiko zen Espainiako Gobernuaren erantzuna: Zuzenbide Estatuaren etete materiala eta burgesiaren diktadura teknikoa ekarri duen martxoaren 13ko 463/2020 Errege Dekretua: nazioarteko aginduen aplikazio ezak eta aurreikuspen faltak dakarren arduragabekeria politikoaren ondorioz, presaz eta modu baldar eta autoritarioan hartutako erabakia. Kausa «natural» bat eta guztiz saihesgarria zen egoeraren «ezinbestekotasuna» aitzakiatzat hartuz, krisi ekonomikoari erantzuteko inoiz ikusi gabeko erreforma konstituzionala ekarri duen erabakia.

Hilabete eta erdiko utzikeriaren ostean, iritsiko zen Espainiako Gobernuaren erantzuna: Zuzenbide Estatuaren etete materiala eta burgesiaren diktadura teknikoa ekarri duen martxoaren 13ko 463/2020 Errege Dekretua

Ikuspuntu juridiko batetik, bizi dugun egoera faktikoa diktadura edo autoritarismo faxista gisa kalifikatzeko arrazoiak Konstituzioaren 9, 53.1, 55.1, 116.2 eta 116.6, 106, 117 artikuluetan eta 4/81 Lege Organikoko 11 eta 20. eta 28. artikuluetan topatu ditzakegu. EH Bildu bezalako alderdi autonomistek, bozka gosez beste gauza bat aldarrikatzen badute ere, alarma egoerak dakarrena ez da estalitako konpetentzien zentralizazio bat edo 155. artikuluaren aplikazio irregularra.

Izan ere, alarma, salbuespen eta setio egoerak arautzen dituen 4/81 Lege Organikoak, autoritate bakar bati esleitzen dio alarma egoerak kudeatzeko konpetentzia. Beraz, hor ez da egon inongo gehiegikeria edo desproportzio juridikorik, eta ikuspuntu juridiko batetik, 155az hitz egiteak ez dauka inongo fundamenturik.

Alarma egoerak Konstituzioak eta Estatuko zein nazioarteko legediak bortxatu dituela erakusteko, 463/2020 dekretuaren 7. artikulura eta hango bigarren xedapen gehigarrira jo behar da: zirkulazio eskubidearen debeku orokortura (konfinamendua) eta botere judizialaren zein Auzitegi Konstituzionalaren jardunaren suspentsio orokortura. Noski, salbuespen batzuk ezarri dira, baina salbuespenean oinarritzen diren bermeak salbuespen egoeran besterik ez daude justifikatuta.

Alarma egoerak Konstituzioak eta Estatuko zein nazioarteko legediak bortxatu dituela erakusteko, 463/2020 dekretuaren 7. artikulura eta hango bigarren xedapen gehigarrira jo behar da: zirkulazio eskubidearen debeku orokortura (konfinamendua) eta botere judizialaren zein Auzitegi Konstituzionalaren jardunaren suspentsio orokortura

463/2020 dekretuaren 7. artikuluak zirkulatzeko edo mugitzeko eskubideari jarritako mugak jasotzen ditu. Alarma egoera batean, 4/81 LOren 11.1 artikuluari jarraiki, pertsona eta merkantzien zirkulazioa toki eta ordu zehatzetan mugatu daiteke. Baina alarma egoerako 7. artikuluaren edukiari so eginda, edonor konturatuko da baimendutako egoerak hain direla murritzak, ezen errealki zirkulatzeko debeku orokortu bat ezarri den. Salbuespena arau bilakatu du artikulu honek, praktikan zirkulazioa (hau da, mugitzeko askatasuna) lan indarraren eta kapitalaren erreprodukziorako ezinbesteko minimora murriztuz: gainbalio ekoizpenaren eta soldataren erreprodukziorako eta kontsumorako soilik baimendu digute mugimendua. Merkantzien zirkulazioa pertsonen askatasunaren gainetik jarri da, ekonomia kapitalistaren funtzionamendu arauak eta agintari politikoen lehentasunak zein diren agerian utziz.

Juridikoki, pertsonen zirkulazioaren debekua salbuespen egoerari dagokion gaitasuna da, 4/81 LOren 20.1 artikuluan ikus dezakegun bezala. Debeku hori ezartzeko, beraz, Konstituzioko 55.1 artikuluak xedatzen duen prozedurara jo behar da, oinarrizko eskubideen suspentsiorako prozedurara. Labur esateko eta prozeduran ez galtzearren, Kongresuari baimena eskatu behar dio Gobernuak, etengo dituen eskubideen zerrenda xehe bat emanaz, erabakiaren gauzatzea Kongresuaren onarpenak baldintzatzen duelarik. Bistakoa denez, hori ez da egin. Egin dena alarma egoeraren prozedura aplikatzea izan da, zeinak soilik a posteriori eskatzen duen Kongresuaren balioztapena, alarma egoeraren luzamendurako bozketaren unean. Hala, salbuespen neurri hau (zirkulazioaren debekua), modu irregularrean ezarri da.

Prozedura konstituzionalaren hauste hau larria bada, are larriagoa da hau baliatuz sortu den egoera faktikoa. Izan ere, 463/2020 dekretuaren segidan Gobernuak 465/2020 Errege Dekretua onartu zuen, baimendutako zirkulazio jarduerei oraindik ere muga estuago bat jarriz: zirkulaziorako aukera mugatuen barruan, banaka ibiltzeko derrigortasuna zehazten baitzuen. Mugitzeko debekua modu irregularrean eta mugaraino eramanik jarri zen elkartzea oinarri duten oinarrizko eskubide guztien eteterako oinarri materiala: kalean biltzea, elkartzea edota manifestatzea debekatu digute. Ez da beharrezkoa izan inongo prozedura gehigarririk beraz, askatasun politikoak erabat deuseztatzeko. Bi dekretu nahikoak izan dira horretarako.

Beraz, oinarrizko eskubideen ikuspuntutik, Konstituzioko 116.6 eta 9.3 artikuluek eta 4/81 Lege Organikoak ezarritako proportzionaltasun, segurtasun juridiko eta ardura politikoaren printzipioak deuseztatu zituen goizetik gauera alarma egoera dekretuak. Osasuna zaintzearen aitzakian, berau bermatzeko momentua zenean beharrezko neurriak eta betebehar juridikoak hartu eta bete ez ziren bitartean. Irregulartasun hauen funtsa noski, salbuespen egoera deklarazioa egiteak, PSOE eta Unidas Podemoseko agintariak urtarriletik martxora arte eginiko kudeaketa negargarriaren erantzule zuzen gisa uzten zituela da. Hau da, arduragabe moduan geratzen zirelako diktadura neurriak osasun larrialdi bati erantzuteko esplizituki aldarrikatuko balituzte. Honela, zientziaren izenean langileriaren sektore zabalen aurrean euren burua zuritu nahi izan dute, kontrol sozialeko neurri zorrotzen aplikazioa justifikatuz. Hau ez litzateke posible izango informazioa eta egia (botere publikoen jardunaren gardentasun printzipioa) bete izan balute.

Ezin aipatu gabe utzi une hartan (urtarrila eta martxoa artean) MOEren, ECDCren eta nazioarteko komunitate zientifikoaren gomendioen aplikatze ahulak, errugabetasun presuntzioaren oinarrizko eskubidea eskala sozialean bortxatzea ekarri duela (eta berarekin, defentsa eskubidea). Gaixoen eta kontaktuen jarraipena egitea ahalbidetzen zuten testak elite ekonomikoaren mesedetan jarri dira (politikari eta kirolari profesionalak!), herritarren gehiengoari sistematikoki ukatuz gaixo dagoen edo ez dagoen jakiteko aukera. Modu honetan, gaixoak nortzuk ziren ezagutzeko aukera ukatuta, karguko frogarik gabeko gartzelaratze baten biktima izan gara.

Zuzenbide penal burgesaren aitapontekoa izan zen Cesare Beccariak hau gertatuko zela jakingo balu, ez zukeen «dei deliti e delle penne» sekulan idatziko. Izugarrizko inplikazio politikoak ditu defentsa eskubidea modu horretan bortxatu izanak, zuzenbide penalean oinarrizkoa den tipifikazio printzipioa desagerrarazten baitu kolpe bakarrean: arau hauste bat egotzi digute, inongo legek jasotzen ez duena, modu guztiz arbitrarioan eta gaixo zein osasuntsuei trataera berdina emanaz. Zuzenbide penalak berariazkoak dituen zigorraren pertsonalitatearen eta konkrezioaren printzipioak deuseztatu dira eta baita berme guztiak jasotzen dituen prozesu baterako eskubidea eta epaitegien tutela eraginkorrekoa ere.

Astakeria honen onarpen soziala bermatzeko, jazarpen polizial eta informatibo basatia abiarazi da; administrazio publikoaren jardunaren jardun arbitrario larri hau kontrolatzeko gai diren epaitegi eta instantzia administratiboak eten diren bitartean. Salbuespen egoera eta Zuzenbide Estatuaren aplikazio eza nabarmena da beraz hemen ere.

3. Gobernuaren arauen kontrolaren desagerpena

Zuzenbide Estatuaren botere banaketa formala Konstituzioak arautzen duela esan behar dugu lehenik. Zehazki, Gobernuaren arautze eskumenak 97. artikuluan jasotzen dira, guri axola zaigunerako, erregelamendu bidezko arautzea gauzatzeko eskumena ematen duena. Honek esan nahi du legalitatearen printzipiora subordinatuta ageri dela Gobernuaren jarduna, botere legegilea parlamentuari baitagokio.

Beraz, Gobernuak ezin ditu lege edo arau konstituzionalak egin. Zuzenbide Estatuaren botere banaketari jarraiki, hori kontrolatzeko iragazki bikoitz bat dauka: Kongresuarena eta botere judizialarena. Konstituzioak berak jartzen dizkio galgak Gobernuari, nahiz eta Konstituzionalak 2016an alarma egoeran Gobernuak hartutako erabakiek lege balioa dutela defendatu. Lehendik ere ezaguna dugu organo honen izaera arau egilea edo izaera politikoa. Interpretazio honen modukoek argi erakusten dute organo honek konstituzioaren interprete gisa duen izaera gainditzen duela. Carl Schmittek 1919ko Weimarko errepublikako konstituzioa aztertu zuenean, ederki argitu zuen auzi hau.

Konstituzioak berak jartzen dizkio galgak Gobernuari, nahiz eta Konstituzionalak 2016an alarma egoeran Gobernuak hartutako erabakiek lege balioa dutela defendatu

Egoera faktikora itzuliz, 463/2020 Errege Dekretuak egiten duen beste gehiegikeria juridiko nabarmena corpus juridiko honetako 2. xedapen gehigarrian dago, dinamika soziala mugitzen duten erabaki politiko ezberdinen kontrol juridikoko iragazkietan, hain zuzen. Bertan, Gobernuak bertan behera uzten ditu ia osotasunean jurisdikzio guztiak, bereziki deigarria delarik bere dekretuen gainbegiratzea egiteko ardura duen Administrazioarekiko auzien jurisdikzioarena. Hau da, alarma egoerako dekretuan bertan ezabatzen da Gobernuak inposatu dituen gehiegikerien gainbegiratzea, eta horretan oinarrituta, Autoritate Zentralak eta Ministerio ezberdinek hartu dituzten neurrien kontrola ezin da gauzatu.

Alarma egoerako dekretuan bertan ezabatzen da Gobernuak inposatu dituen gehiegikerien gainbegiratzea, eta horretan oinarrituta, Autoritate Zentralak eta Ministerio ezberdinek hartu dituzten neurrien kontrola ezin da gauzatu

Erabaki horrek hankaz gora jartzen du konstituzioko 9.3 artikuluaren eduki guztia, baita 106 eta 117. artikuluetakoa ere. Segurtasun juridikoa, legalitatea, botere exekutiboaren kontrol judiziala, justizia formalaren funtzioa… Zuzenbide Estatu liberalaren botere banaketa formala desagerrarazi du alarma egoerako dekretuak. Burgesiaren organoen arteko oreka, neutraltasuna eta proportzionaltasuna desagertzen dira kapitalaren aginte modalitate erreala diktadura dela agerian utziz.

Aipatu beharra dago arlo administratiboan (gai honetara mugatuko gara) epaitegi eta tribunalek gobernuen erabakien gaineko kontrol judiziala egiteko aukera baliogabetu bada ere, oinarrizko eskubideen defentsarako prozedura irekita utzi dela. Norbaitek pentsa dezake horrekin oinarrizko eskubideen defentsa egin daitekeela eta norbanakook (are, komunistok ere) ez dugula borondaterik erakutsi geure burua defendatzeko, baina aukera izan bagenuela. Ordea, izan da bide hau askatasun politikoen defentsa egiteko erabili duenik (komunistak izan ez arren). Hauen emaitza baloratzeak argituko digu bidea: norbanako bati bide prozesalaren kostuak ordainarazi dizkio Auzitegi Gorenak, «etxean gartzelaratuta» zegoela aldarrikatzeagatik. Curro Nicolau abokatuaren helegitea (errurik gabe zirkulatzeko eta biltzeko eskubideak kendu dizkiotela aldarrikatu duena) ez da ebatzi, 50 katedradunek sinatutako agiri bat aurkeztu badu ere. Norbanakoek ez dute inongo aukerarik izan defendatzeko, ez oinarrizko eskubideen prozeduraren bidetik, ezta bide administratibotik ere. Praktikan, honek gehiegikeria mota guztien inpunitatea bermatu du, Grande-Marlaskaren gidaritzapean Estatuko polizia indar guztien partetik zigortu diren pertsonen kopuru eskandalagarriek erakusten duten bezala.

Antolakundeen kasuan, biltzeko eta manifestatzeko eskubidearen ezabapenaren harira, deseskalatze fasea hasi aurretik sindikatu ugarik eskatu dute eskubide hauen erabilpena egitea, administrazio ezberdinen betoaren aurrean, oinarrizko eskubideen defentsako bide prozesalean babesa eskatuta. Zentzu horretan, autonomia erkidegoetako Auzitegi Nagusietan (Nafarroan, Aragoin, Madrilen eta Galizan) egin den interpretazioa eta ebazpena kontraesankorra izan da. Manifestazio batzuk baimendu dituzte eta beste batzuk atzera bota.

Kasu honetan, honakoa izan da gai honetan azken hitza duen Auzitegi Konstituzionalak emaniko erantzuna: ebatzi du biltzeko eta bizitzeko eskubidearen arteko ponderazioan, osasun krisialdi batean, bizitzeko eskubidea aintzatetsi behar dela, arazoaren muinera jo eta oinarrizko eskubideak eteteko alarma egoerak ez duela balio ebatzi beharrean. Konparaketa moduan jar dezakegu hemendik 2.000 kilometro ingurura dagoen Alemaniako Konstituzio Auzitegiak manifestazioak baimendu izana, manifestazioa bermatu behar den oinarrizko eskubide bat delako. Lisboan, Maiatzaren 1ean manifestazio jendetsua egin zen distantzia sozialeko neurriak aplikatuta… Auzitegi Konstituzionalak, beraz, nazioarteko eta europar araudi lotesleen (goian aipatu ditugunak eta beste zenbait, Nizako deklarazioa bezalakoak) edukia baztertzen du, baita Konstituzioko 9. artikulua ere. Arau hauek, alde batetik, osasun krisialdi batean hartutako edozein neurri oinarrizko eskubideek modulatzen dutela inposatzen dute (eta inoiz ez alderantziz) eta bestetik, forma auzien bidez oinarrizko eskubideen edukia ezabatzea Zuzenbidearen eta Zuzenbide Estatuaren bortxaketa nabarmena dela. Auzitegi Konstituzionalak alarma egoeraren deklarazioaren aurretiko kontaketa historikoa baztertuz egitateei aplikatzen dien tabula rasak, kasua ebazteko erabili beharreko argudio juridikoak baldintzatzen ditu. Honek organo honek betetzen duen funtzio errealaren beste ebidentzia bat eskaintzen digu: burgesiaren indarrei une bakoitzean interesatzen zaien justifikazio politikoa ixteko mekanismoa izatea.

Auzitegi Konstituzionalak alarma egoeraren deklarazioaren aurretiko kontaketa historikoa baztertuz egitateei aplikatzen dien tabula rasak, kasua ebazteko erabili beharreko argudio juridikoak baldintzatzen ditu

Zentzu honetan, askoz ere zehatzagoa izan da Aragoiko Auzitegi Nagusiaren ebazpena, zeinak baimendu egin zuen auto karabana bat egin ahal izatea, ponderazioaren funtsa segurtasun protokoloen egokitasunean jarrita. Are adierazgarriagoa izan zen magistratuetariko batek emandako boto partikularra: adierazi zuen alarma egoera ezkutuko salbuespen egoera dela eta oinarrizko eskubideek gainontzeko eskubideak modulatzen dituztela (eta ez alderantziz). Noski, ebazpen honen sona ez da lehenengoarena bezainbestekoa izan. Egiazko informazioa jasotzeko eskubidea bermatua daukagulako izango da…

Laburbilduz, bide judizialak itxita, Espainiako oligarkiak Espainiako Gobernua baliatu du bere mandatuen kontrol jurisdikzionala ezabatzeko. Prozedura Administratiboko legediak, 47. artikuluan, Gobernuak bere erregelamendu bidezko arautze gaitasuna gainditzen duten eginbideak baliogabe gisa kalifikatzen ditu. Baina noski, ekinbide honen legalitatea kontrolatzeko organorik ez badago, Zuzenbide Estatua materialki desintegratu duen erabaki batek ez du kontrol formalik ezta materialik ere.

4. Kongresuaren luzamenduak: botere burgesaren alderdi bakarra agerian

Esan dugun moduan, Parlamentua da prozedurazko eta edukizko arau-hauste hauek Gobernuak egiten ez dituela bermatu behar duen beste organoa. Kasu honetan, Konstituzioko 116.2 artikuluak zehazten du bere betebeharra. Bere zilegitasun formala herritarren borondatearen isla izatean dago, hauteskundeetan hautatutako hautagaiek duten herritarren babesean. Hala, bai normaltasun egoeran baita salbuespen egoeretan ere, kontrol politikorako organoa da. Labur esanda, Gobernuak ezin du alarma, salbuespen edo setio egoera bat mantendu/deklaratu (kasuaren arabera), Kongresuaren baimenik ez badu.

Alarma egoeraren deklarazioaren ostean, martxoaren 25ean batu zen Kongresua osoko bilkuran, lehen aldiz alarma egoeraren luzapena baimendu edo ez erabakitzeko. Bozketaren emaitza honakoa izan zen: 321 aldeko boto, 28 abstentzio eta 0 aurkako boto. Ez ditugu berriro errepikatuko 463/2020 eta 465/2020 Errege Dekretuek eragin dituzten irregulartasunak. Ez diegu helduko ondoren etorri diren luzapenei (nahiz eta ezbaian dagoen ea posible den edo ez luzapen bat baino gehiago egitea). Nahikoa da ebidentzia hau mahaigaineratzea: krisi egoeretan agerian gelditzen da burgesiak alderdi politiko bakarra duela.

Alderdien pluraltasuna, burgesiaren baitako fakzio ezberdinek beren interesen arabera antolatzeko duten eskubidearen adierazgarri erreala besterik ez da (joko honetatik kanpo dago, noski, proletalgoaren antolakuntza politiko independentea, Patxi Ruizen kasuan modu argian ikusi den bezala). Kasu honetan, klase gisa partekatzen duten interes nagusiaren ondorioz, alderdi politiko guztiek babestu dute modu bateratuan eta inongo aurkakotasunik gabe Zuzenbide Estatuaren berme guztien deuseztapena eta langileriaren askatasun politikoen desagerpena. Bost berrespen izan ditu alarma egoerak, artikulu hau idazten amaitu den egunera arte.

Oportunismo politikoa muturreraino eraman dute Espainiako agintariek. Espainiako sozialdemokraziak, osasunaren eta bizitzaren inguruan prebentzioa eta ardura erakustetik urrun, ustelkeria eta arduragabekeria ankerrena bistarazi ditu, eta agerian utzi du berriro ere faxismoaren eta sozialdemokraziaren artean dagoen lerro fina. Duintasun politiko handiena izan zuen garaietan, erreformismoaren paradigma zen zuzenbide burgesaren berdintasun formala berdintasun material bilakatzeko neurri progresiboen aplikazioa bilatzea. Edo nahi bada, berdrecho a la información veraz…

En definitiva, cerrando las vías judiciales, la oligarquía se ha servido del gobierno español para suprimir el control jurisdiccional de sus mandatos. La Legislación de Procedimiento Administrativo califica en el artículo 47 como nulas las diligencias del Gobierno que excedan de su potestad reglamentaria. Pero, claro, si no hay un órgano que controle la legalidad de esta iniciativa, una decisión que ha desintegrado materialmente el estado de derecho no tiene ni control formal ni material.

4. Las prórrogas del Congreso: el único aspecto del poder burgués al descubierto

Como hemos dicho, el otro órgano que debe garantizar que estas infracciones procedimentales y de contenido no puedan ser cometidas por el gobierno es el parlamento. Esta competencia deriva del art. 116.2 de la constitución. Su legitimidad formal se encuentra en el hecho de ser reflejo de la voluntad de los ciudadanos, pues se presentan como candidatos electos por la ciudadanía. El parlamento es un órgano de control político tanto en situaciones de normalidad como de excepción. En definitiva, el Gobierno no puede mantener/declarar un estado de alarma, excepción o sitio (según el caso) sin la autorización del congreso.

Tras la declaración del estado de alarma, el 25 de marzo se reunió por primera vez el congreso en plenario para decidir si se autorizaba o no la prórroga de la situación de alarma. El resultado de la votación fue de 321 votos a favor, 28 abstenciones y 0 votos en contra. No volveremos a repetir las irregularidades producidas por los Reales Decretos 463/2020 y 465/2020. No entraremos en posteriores prórrogas (aunque existe duda de si es posible o no dar más de una prórroga). Basta con poner sobre la mesa esta evidencia: en situaciones de crisis se hace evidente que la burguesía tiene un solo partido político.

La pluralidad de los partidos no es más que un reflejo real del derecho de las distintas facciones de la burguesía al organizarse en función de sus intereses (juego del cual queda excluida la organización política independiente del proletariado, como se ha hecho evidente en el caso del preso político Patxi Ruiz). En este caso, el principal interés que comparten como clase ha llevado a todos los partidos políticos a proteger, de forma unitaria y sin oposición, la anulación de todas las garantías del Estado de Derecho y la desaparición de las libertades políticas de la clase trabajadora. El estado de alarma ha sido prorrogado cinco veces en la fecha en el que se ha terminado de redactar el presente artículo.

Las autoridades españolas han llevado el oportunismo político hasta el límite. La socialdemocracia española, lejos de mostrar prevención y responsabilidad en los temas de salud y vida, ha puesto de manifiesto la corrupción y la irresponsabilidad más cruel, poniendo de nuevo en evidencia la delicada línea existente entre fascismo y socialdemocracia. No queda atisbo alguno de aquellos tiempos de mayor dignidad política del reformismo, el cual buscaba la aplicación de medidas progresivas para transformar la igualdad formal del derecho burgués en igualdad material, o si se quiere, luchaba por la igualdad material dentro del marco capitalista. Lo que podemos observar hoy es que el actual reformismo elimina sin escrúpulos el propio derecho del estado del bienestar que reivindica como su propio logro lo que le deja como lo que es: una fuerza represiva para mantener el orden social de la oligarquía financiera y empresarial frente a la clase trabajadora.

Es paradigmático que VOX sea la única facción que este diciendo la verdad a nivel jurídico. Lo hemos dicho antes: la socialdemocracia y el fascismo, como distintas formas de manifestación de la alianza de clase, se separan por un hilo muy fino. En esta situación de alarma, la verdad, en lugar de ser un atributo de la izquierda, se ha convertido en un atributo de la derecha; podemos decir que la derecha ha adelantado a la izquierda por la izquierda. La socialdemocracia española y vasca han permitido crear las condiciones para que la referencia de los sectores bajos, medios y altos de la clase trabajadora la pueda tener VOX. Los fascistas reivindican la violación de los derechos fundamentales, pero para reforzar su carácter anticomunista. Básicamente, es propaganda para que el autoritario programa comunista (encarnado en la coalición PSOE-Podemos) desaparezca del escenario político. Este mensaje es de fácil comprensión y entraña un grave peligro. Pero lo que no se percibe tan fácilmente por el sentido común, y que entraña una gravedad extrema es lo siguiente: la izquierda ha regalado a la derecha la dictadura. Si la izquierda ha impuesto la dictadura técnica de la burguesía como régimen de poder, VOX ya tiene toda la legitimidad para utilizarla: pero la izquierda carece ya de legitimidad de combatir a su propia criatura.

La izquierda ha regalado a la derecha la dictadura. Si la izquierda ha impuesto la dictadura técnica de la burguesía como régimen de poder, VOX ya tiene toda la legitimidad para utilizarla: pero la izquierda carece ya de legitimidad de combatir a su propia criatura

La burguesía aprovecha las consecuencias de hacer una política de clase falsa y ficticia. El desarrollo organizativo de la dictadura técnica ha tenido ya reflejos directos en las diferentes esferas de la totalidad social. Nos resulta especialmente significativo el tema de la gestión compartida o de la cogobernanza, mediante el cual el PNV y el PSOE también han llevado a cabo una reforma constitucional sin ningún soporte jurídico: el reparto de competencias entre los Estatutos de Autonomía y los órganos de Estado se ha puesto patas arriba en la fase de desescalada.

Y por si fuera poco, el PNV ha atribuido a la Ertzaintza la interpretación de las normas y la determinación de su contenido. En la CAV, la negación del derecho de reunión se ha realizado siguiendo los criterios de las fuerzas policiales, alcanzando el límite máximo del autoritarismo. Deberíamos preocuparnos por las profundas dimensiones políticas y el reconocimiento social que han tenido estas decisiones. Las llamadas realizadas desde EH Bildu a la prudencia ante esta barbarie han vuelto a poner de manifiesto su colaboracionismo y su inoperancia como fuerza de cambio político.

5. Los partidos políticos como máximos responsables del estado de excepción

Los responsables directos de los costes sanitarios y políticos de la pésima gestión de la crisis sanitaria han sido todos los partidos políticos de la burguesía, sin excepción. Han cumplido con perfección su obligación política de implantar la «nueva normalidad» que no tiene ninguna garantía jurídica necesaria para garantizar el orden social de la burguesía en un contexto de crisis económica mundial que se antoja muy violenta. Garantizar la obediencia y el dominio sobre la clase trabajadora. Normalizar el laboratorio social. Solo cuando el nuevo Pacto Social se ha garantizado han empezado a pensar cómo engrosar sus votos, volviendo al lamentable juego electoralista de la mentira para aumentar sus poltronas y engordar sus estómagos.

Los responsables directos de los costes sanitarios y políticos de la pésima gestión de la crisis sanitaria han sido todos los partidos políticos de la burguesía, sin excepción

No han hecho absolutamente nada en defensa de la verdad, la salud y las libertades políticas; es más, con sus campañas de #quedateencasa han promovido la desmovilización de las masas y la obediencia y el colaboracionismo chivato ante todas las sangrías, abusos y violencias ocurridas durante el estado de alarma y la nueva normalidad. La socialdemocracia vasca no ha sido más que la española en esta gestión. Ni siquiera más que la oligarquía vasca.

Y es que el PNV ofrecerá en las elecciones cierta oportunidad para que los ciudadanos juzguen la gestión del estado de alarma y de la desescalada en las urnas, aunque el objetivo de este ejercicio pseudo-democrático no es otro que el de fortalecerse. Sin embargo, está por ver si las malas decisiones tomadas en el proceso de desescalada afectarán o no a los jeltzales. Por su parte, el famoso plan de choque de Otegi supone un ejercicio interclasista y antidemocrático superior: en una oficina cerrada nos ofrece otro pacto burócrata entre agentes estatales para salvar nuestras vidas. La comprensión instrumentalista de la socialdemocracia sobre la clase trabajadora y los sectores populares, se hace palpable en palabras de Otegi: vosotros tranquilos, nosotros resolveremos vuestros problemas, vosotros no sois capaces de hacer nada. Quien defiende esta posición en la situación que vivimos no está pensando ni en el proceso de proletarización ni en la construcción del partido comunista. No es capaz de comprender las consecuencias reales de los cambios en la realidad social. Luego nos dirán que hablamos de utopía.

6. Organización independiente de la clase obrera como única garantía

La clase trabajadora es un juguete dependiente de la burguesía si no se organiza en base al programa comunista. Hemos visto que la dinámica institucional burguesa es totalmente opresiva, compuesta por una serie de aparatos cuya finalidad no es otra que subordinar la salud, la vida y la libertad política de los sectores golpeados a la dinámica del beneficio económico. La nueva normalidad ha puesto las bases de control social y político directo, extendiendo los límites del autoritarismo hasta las ventanas de y habitaciones de nuestras casas. Bajo la excusa de la protección de la salud, se han establecido las bases de un estado policial y militarizado, un nuevo ordenamiento normativo en el que el ejercicio del poder no tiene ningún control. Ahora es una excepción. El ejecutor es el juez.

De este modo, entendiendo que las condiciones tanto sanitarias como económicas van a seguir empeorando, el garantizar de forma integral la prevención de la salud y la vida no será posible sin una fuerza revolucionaria que ponga en primera línea este interés. En este sentido, aunque nos ofrezca elementos suficientes para señalar a los responsables políticos y de interpretar lo que es justo o abusivo, no hemos de buscar la solución a nuestros problemas en el ámbito del derecho burgués, ni en los aparatos internacionales y nacionales del poder burgués, ni en el plano de su igualdad formal que nos excluye sistemáticamente: nada de esto puede separarse del proceso de acumulación de capital. Es tan evidente la no funcionalidad del Derecho como sistema autónomo, que los mismos responsables políticos no muestran vergüenza alguna para cometer una violación sistemática de sus legislaciones. Prueba de ello es el estado de alarma, en la que se ha producido una desintegración material del Estado de Derecho en el Estado Español, encontrándonos en una situación de nulidad jurídica desde la fecha de la declaración de la alarma. La dictadura técnica de la burguesía es un hecho.

Los grandes acuerdos programáticos interclasistas del siglo pasado y los estados capitalistas que se sumergieron en la construcción del estado del bienestar no tenían ninguna voluntad subjetiva para ello. La oligarquía internacional sólo asumió las demandas y las condiciones de vida de los Estados Comunistas en un momento en el que los cimientos de la sociedad capitalista estaban en peligro. En estos momentos, el derecho burgués es pura tinta y no hay una poderosa organización comunista. Por ello, es imprescindible una reorganización del agente político que haga posible la igualdad material y una forma de regulación que garantice esta realidad social: partido comunista de masas.

En este proceso, en Euskal Herria, destacan la determinación e inteligencia política que desde el primer día ha mostrado Gazte Koordinadora Sozialista. Lejos de acobardarse, conscientes de todos sus recursos y limitaciones, ha puesto en marcha diferentes líneas de trabajo para responder a los intereses del proletariado, sin pudor alguno. De hecho, la iniciativa política y la referencia no se mide por la capacidad de recaudar y distribuir el dinero, sino en la calidad de la organización y en los términos de la capacidad militante; ya es hora de que los desorientados socialdemócratas asuman que en esta crisis económico-político-sanitaria también se han equivocado y reconozcan el liderazgo político a los defensores del programa comunista. Si siguen por el mismo camino, llevarán a la clase trabajadora vasca al impulso del fascismo y al abismo político.

Nuestros políticos hablan sin pudor de una crisis económica. Nos llaman a la unidad, a la confianza, al compromiso y a la prudencia. Sin embargo, la crisis económica y la conciencia de la reorganización política que ella conlleva ya es percibida por la amplia mayoría de los sectores populares, cuyas respuestas de solidaridad espontánea y organizada empiezan a hacerse notar. Rechacemos a los que nos venden a los bolsillos de la burguesía, organicemos y tomemos las calles. Protejamos a los nuestros. Ellos son los ilegales, no nosotros: todas las medidas que se han adoptado desde el momento en que se ha adoptado la alarma son ilegales. La identificación del carácter estructural (carácter de reforma) de estas medidas solo nos puede ayudar a tomar conciencia de que la defensa organizada de nuestros intereses es la única vía para oponernos a la lógica opresiva de este modelo de sociedad. Los próximos meses van a ser fundamentales en este sentido, porque nos van a poder encerrar en cualquier momento. Organicemos una política de clase, independiente y luchemos por la salud, la verdad y las libertades políticas.

Todas las medidas que se han adoptado desde el momento en que se ha adoptado la alarma son ilegales. La identificación del carácter estructural (carácter de reforma) de estas medidas solo nos puede ayudar a tomar conciencia de que la defensa organizada de nuestros intereses es la única vía para oponernos a la lógica opresiva de este modelo de sociedad

intasun materiala kapitalaren arauen baitan topatzearen aldeko borroka. Bada, egungo erreformismoak bere lorpen gisa saltzen duen ongizate estatuaren zuzenbidea bera inongo eskrupulurik gabe ezabatzen duela ikus dezakegu hemen, bere esentzia nabarmen gelditzen delarik: langile klasearen aurrean oligarkia finantzario eta enpresarialaren ordena soziala mantentzeko indar errepresiboa izatea.

Marka da, gero, VOX alderdia izatea zentzu juridiko batean egia plazaratzen ari den fakzio bakarra. Esan dugu lehen ere, ordea: sozialdemokrazia eta faxismoa, klase arteko aliantzaren forma ezberdinen manifestazio gisara, hari oso mehar batek banatzen ditu. Alarma egoera honetan, egia esatea ezkerraren tasun izan beharrean eskuinaren ezaugarri bilakatu da; eskuinak ezkerra ezkerretik aurreratu duela esan dezakegu. Espainiar eta euskal sozialdemokraziak baimendu du langileriaren sektore baxu, ertain eta altuen erreferentzia VOX alderdiak hartzeko baldintzak sortzea. Faxistek oinarrizko eskubideen urraketa aldarrikatzen dute, baina euren izaera antikomunista indartzeko. Funtsean, VOXena propaganda besterik ez da, langileriaren interes unibertsalak biltzen dituen programa komunista agertoki politikotik desagerrarazteko. Mezu hau erraz ulertzen da eta arrisku larria dakar. Baina zentzu komunak hain erraz ulertzen ez duena eta are larriagoa dena honakoa da ordea: ezkerrak diktadura oparitu dio eskuinari. Ezkerrak burgesiaren diktadura teknikoa ezarri badu botere erregimen gisa, VOXek jada berdina egiteko zilegitasun osoa du baina ezkerrak ez du izango berak sortu duen munstroa borrokatzeko zilegitasunik.

Ezkerrak diktadura oparitu dio eskuinari. Ezkerrak burgesiaren diktadura teknikoa ezarri badu botere erregimen gisa, VOXek jada berdina egiteko zilegitasun osoa du baina ezkerrak ez du izango berak sortu duen munstroa borrokatzeko zilegitasunik

Gezurrezko eta fikziozko klase politika egitearen ondorioak ederki aprobetxatzen ditu burgesiak. Diktadura teknikoaren garapen organizatiboak jada isla zuzena izan du osotasun sozialaren esfera ezberdinetan. Bereziki adierazgarria suertatzen zaigu hemen kudeaketa partekatuaren edo ko-gobernantzaren afera, zeinaren bidez EAJk eta PSOEk inongo euskarri juridikorik ez duen konstituzioaren erreforma bat ere gauzatu duten: autonomia estatutuen eta estatu organoen arteko eskumen banaketa hankaz gora jarri da deseskalatze fasean.

Eta hori gutxi balitz, EAJk Ertzaintzari esleitu dio arauak interpretatu eta euren edukia zehazteko eskumena. EAEn, biltzeko eskubidea indar polizialen irizpideak jarraituz ukatu da, eta horrekin autoritarismoaren muga gorenera iritsi gara. Erabaki horiek dituzten dimentsio politiko sakonak eta izan duten onarpen sozialak kezkatu beharko gintuzke. Basakeria honen aurrean EH Bilduk zuhurtziara egin dituen deiek enegarrenez azaleratu dute lehendik ere agerikoa zen EH Bilduren kolaborazionismoa eta aldaketa politikorako indar gisa duen operantzia eza.

5. Alderdi politikoak salbuespen egoeraren arduradun nagusi

Osasun krisialdiarekin egin den kudeaketa negargarriaren kostu sanitario eta politikoetan erantzule zuzenak izan dira burgesiaren alderdi politiko guztiak, salbuespenik gabe. Euren betebehar politikoa perfekzioz bete dute: burgesiaren ordena soziala bermatzeko beharrezkoa den eta inongo berme juridikorik ez duen «normaltasun berria» ezartzea. Langileriaren obedientzia eta menperakuntza bermatzea. Laborategi soziala normalizatzea. Itun sozial berria behin bermatu denean soilik hasi dira euren bozka kopuruak nola gizendu pentsatzen, gezurraren lepotik euren besaulkiak ugaritzeko eta sabelak gizentzeko joko elektoralista penagarrira itzuliz.

Osasun krisialdiarekin egin den kudeaketa negargarriaren kostu sanitario eta politikoetan erantzule zuzenak izan dira burgesiaren alderdi politiko guztiak, salbuespenik gabe

Egia, osasuna eta askatasun politikoak defendatzeko ez dute zirkinik ere egin; are gehiago, euren #etxeangelditu kanpainekin, alarma egoeraren eta normaltasun berriaren garaian gertaturiko odol-jario, gehiegikeria eta bortxakeria guztien aurrean masen desmobilizazioa, txibateo kolaborazionista eta obedientzia sustatu dituzte. Euskal sozialdemokrazia ez da espainiarra baino gehiago izan kudeaketa horretan; are, ezta euskal oligarkiarena baino gehiago ere.

Izan ere, EAJk hauteskundeetan nolabaiteko aukera eskainiko du herritarrek alarma egoerari eta deseskalatzeari buruz egin den kudeaketa hautestontzietan epaitu dezaten, nahiz ariketa sasi-demokratiko honen helburua bere burua indartzea besterik ez izan. Ikusteke dago, ordea, deseskalatze prozesuan hartutako erabaki kaxkarrek eraginik izango ote duten jeltzaleengan.

Bere aldetik, Otegiren talka plan famatuak ariketa interklasista eta antidemokratiko gorena suposatzen du: bulego itxi batean estatu agenteen arteko beste paktu burokrata bat eskaintzen digu gure bizitzak salbatzeko. Langileriaren eta herri sektoreen gainean sozialdemokraziak duen ulerkera instrumentalista igarri daiteke Otegiren hitzetan: zuek lasai, guk konponduko ditugu zuen arazoak, zuek ez zarete eta ezer egiteko gai. Bizi dugun egoeran posizio hau defendatzen duena ez da ez proletarizazio prozesuan ez eta alderdi komunistaren eraikuntzan pentsatzen ari. Ez da errealitate sozialaren aldaketek dakartzaten ondorio errealak ulertzeko gai. Utopiaz hitz egiten dugula esango digute gero.

6. Langile antolakuntza independentea berme bakar gisa

Langileria burgesiaren menpeko jostailua da ez badu bere burua programa komunistaren baitan antolatzen. Dinamika instituzional burgesa erabat zanpatzailea dela ikusi dugu, sektore kolpatuen osasuna, bizitza eta askatasun politikoa etekin ekonomikoaren dinamikari zirkinik ere egin gabe azpiratzeko aparatu sorta besterik ez baita. Normaltasun berriak kontrol sozial eta politiko zuzenerako oinarriak jarri ditu, autoritarismoaren mugak etxeko leiho eta sukaldeetaraino sartuz. Osasunaren babesaren aitzakiapean, estatu polizial eta militarizatu baten oinarriak jarri dira, boterearen erabilerak inongo kontrolik ez duen arau ordenamendu berri batekoak. Salbuespena da orain araua. Exekutatzailea da epailea.

Hala, osasun baldintzek eta ekonomikoek okerrera egingo dutela ulertuz, osasunaren eta bizitzaren prebentzioa modu integralean bermatzea ezinezkoa izango da interes hori lehen lerroan jarriko duen indar iraultzailerik gabe. Zentzu horretan, arduradun politikoak seinalatzeko nahikoa elementu eskaintzen dituen arren, ez dago irtenbiderik zuzenbide burgesaren, botere burgesaren aparatu internazional zein nazionaletan edota etengabe kanporatzen gaituen berdintasun formalaren esparruan: ezin dira kapital metaketaren prozesutik bereizi. Hain agerikoa da Zuzenbideak sistema autonomo gisa duen funtzionaltasun eza, ezen agintariek ere euren legedien bortxaketa sistematikoa gauzatzeko inongo lotsarik ere ez duten. Horren adibide garbia da alarma egoeraren deklarazioarekin gertatu dena: Zuzenbide Estatuaren desintegrazio materiala eman da Espainiako Estatuan, baliogabetasun juridiko egoera batean aurkitzen garelarik alarma egoera deklaratu zen egunetik bertatik. Burgesiaren diktadura teknikoa egitate bat da.

Aurreko mendeko akordio programatiko interklasista handienek eta ongizate estatuaren eraikuntzan murgildu ziren estatu kapitalistek ez zuten horretarako inongo borondate subjektiborik. Nazioarteko oligarkiak gizarte kapitalistaren zimenduak kolokan zeuden unean besterik ez zituen bere egin eta mimetizatu Estatu Komunisten aldarriak, eta hauen bizi baldintzak. Une hauetan, zuzenbide burgesa tinta hutsa da eta antolakuntza komunista indartsurik ez da. Horregatik, ezinbestekoa da berdintasun materiala eta errealitate sozial hau bermatuko duen arautze modua posible egingo duen agente politikoaren berrantolaketa: masa alderdi komunistarena.

Prozesu honetan, Euskal Herrian, Gazte Koordinadora Sozialistak lehen egunetik agertu duen determinazioa eta inteligentzia politikoa aipagarriak dira. Kokiltzetik urrun, beren baliabide eta muga guztien jakitun, proletalgoaren interesei erantzuteko hainbat lan lerro plazaratu dituzte, inongo lotsarik gabe. Izan ere, iniziatiba politikoa eta erreferentzialitatea ez da dirua bildu eta banatzeko gaitasunaren arabera neurtzen, antolakuntzaren kualitatean eta gaitasun militantearen terminoetan baizik; bada garaia norabiderik gabe dauden sozialdemokratek krisialdi ekonomiko-politiko-sanitario honetan ere hanka sartu dutela aitortzeko eta gidaritza politikoa programa komunistaren defendatzaileei aitortzeko. Bide beretik jarraitzen badute, euskal langileria faxismoaren oldarraldira eta amildegi politikora eramango dute.

Krisialdi ekonomikoaz dihardute inongo lotsarik gabe gure politikariek. Batasunera dei egiten digute, konfiantzara, konpromisora eta zuhurtziara. Baina herri sektoreen gehiengo zabalak jada igartzen du krisialdi ekonomikoa eta berak dakarren berrantolaketa politikoaren kontzientzia eta honek modu nabarmenean du isla bat-bateko elkartasun keinuetan eta are antolatuetan. Errefusa ditzagun burgesiaren patriketara saltzen gaituztenak; antolatu gaitezen eta har ditzagun kaleak. Babestu ditzagun gureak. Ilegalak ez gara gu, beraiek baizik: alarma egoera onartu den unetik aurrera hartu diren neurri guztiak legez kanpokoak dira. Neurri hauen izaera estrukturala (erreforma izaera) identifikatzeak soilik lagundu gaitzake gizarte eredu honen logika zapaltzaileari aurka egiteko geure interesen defentsa antolatua beste biderik ez dugula ohartzen. Datozen hilabeteak berebizikoak izango dira zentzu honetan, edozein unetan giltzaperatu ahalko gaituztelako. Langile politika independentea antola dezagun eta osasuna, egia eta askatasun politikoak borroka ditzagun.

Alarma egoera onartu den unetik aurrera hartu diren neurri guztiak legez kanpokoak dira. Neurri hauen izaera estrukturala (erreforma izaera) identifikatzeak soilik lagundu gaitzake gizarte eredu honen logika zapaltzaileari aurka egiteko geure interesen defentsa antolatua beste biderik ez dugula ohartzen